MONTEVIDEO (Uypress) - En la primera exposición de Ciberseguridad 360°, Nicolás Antúnez repasó la ley que tipifica los ciberdelitos en Uruguay, los fallos que discuten la responsabilidad de las instituciones financieras y los límites de un sistema que corre detrás de un delito sin fronteras.
La jornada Ciberseguridad 360°, organizada por AEBU el martes 15 de setiembre en la Sala Camacuá, abrió con la mirada jurídica. Nicolás Antúnez, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, docente de la Facultad de Derecho de la Udelar y director del Instituto de Derecho Informático, se propuso ubicar el fenómeno en el marco normativo y explicar cómo se encuadran las conductas que afectan a personas, instituciones y servicios financieros.
Su punto de partida fue que la tecnología cambió la forma en que nos relacionamos y trabajamos, y la criminalidad cambió con ella. Para ilustrarlo, recordó que durante décadas los robos y arrebatos apuntaron al dinero en efectivo que la gente llevaba encima, un escenario que la expansión de los medios de pago electrónicos transformó. "Aquella persona a la que le robaban lo que había cobrado perdía un mes de jubilación. Hoy, los delitos en el ciberespacio pueden hacer que uno pierda de un momento a otro los ahorros de su vida", advirtió.
Una ley que tardó casi 40 años
Según Antúnez, el primer proyecto de ley sobre delitos informáticos ingresó al Senado en 1987, y ni ese ni los cinco que le siguieron prosperaron. Recién en 2024 se aprobó la Ley 20.327 de Prevención y Represión de la Ciberdelincuencia, que incorporó al Código Penal figuras como el fraude informático, la vulneración de datos y la suplantación de identidad.
En su repaso, el expositor mostró que estos delitos golpean en distintos niveles. Para las personas, el riesgo principal es el engaño, que la inteligencia artificial vuelve cada vez más difícil de detectar. "Ya no es que alguien pone la voz finita y dice que es la abuela: habla como la abuela, tiene la imagen de la abuela", ejemplificó, antes de subrayar que la vulnerabilidad ya no es de un sector de la población, sino general.
Para las instituciones, un ataque informático puede significar la paralización total, con consecuencias que alcanzan a las fuentes de trabajo. Antúnez también se refirió a quienes manejan información sensible en su tarea diaria. La ley agrava la vulneración de datos cuando la comete quien tiene a cargo su custodia, y en ese terreno existen zonas grises. Por eso planteó que los límites de uso se aclaren entre las trabajadoras y los trabajadores y sus autoridades. "Quien avisa no es traidor, y la tranquilidad de todos es relevante", sostuvo.
¿Quién responde ante un fraude?
La ley también incorporó herramientas específicas para el sistema financiero, varias de ellas reclamadas por las propias entidades. Entre ellas están la creación de registros de ciberdelincuentes y la inmovilización de fondos de operaciones denunciadas, con aviso al Banco Central y posterior ratificación judicial. Son mecanismos pensados para actuar rápido y evitar que el dinero de las víctimas se disperse en múltiples transferencias hasta volverse imposible de localizar.
En paralelo, los tribunales comienzan a precisar el alcance del deber de seguridad de las instituciones. Antúnez explicó que, ante un reclamo por una operación fraudulenta, la defensa habitual de las entidades ha sido demostrar que sus sistemas no tuvieron fallas técnicas. Sin embargo, en dos fallos recientes los tribunales entendieron que ese argumento no era suficiente por sí solo. Valoraron también si hubo una reacción oportuna ante señales de alerta, como una transferencia muy por encima de los montos habituales o hacia una cuenta no registrada previamente. "Se habla sobre la capacidad de reacción que debería tener una institución frente a una señal de fraude", explicó. Según el expositor, se trata de un debate en curso, en el que todavía no existe una línea jurisprudencial definida.
Un delito sin fronteras
El cierre puso el foco en el carácter transnacional de este delito. Antúnez lo ilustró con un ejemplo: un hacker en Serbia, con servidores en Singapur, que estafa a una señora de Las Piedras. Reconoció los avances institucionales, como la unidad especializada en cibercrimen instalada en 2023 y la fiscalía especializada que funciona en Montevideo desde mayo. Sin embargo, advirtió que no darán abasto. "El derecho siempre va corriendo atrás; los recursos van corriendo atrás", afirmó.
Frente a ese escenario, propuso capacitarse, difundir información y avisar a amigos, familiares y compañeros. "Alguien de confianza que se toma dos minutos para explicarte cómo funciona algo puede ser un cambio radical", concluyó.
Imagen: Dr. Nicolás Antúnez - Ignacio Álvarez Vigna
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias